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La audiencia de apelación de la prisión preventiva para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros cuatro procesados en el caso Goleada se instaló este viernes 13 de marzo. La audiencia se llevó a cabo en la Sala Especializada para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado del Complejo Judicial Norte, en Quito.
La diligencia, que duró de las 9h00 a las 12h30, fue suspendida por la jueza ponente Silvana Velasco para revisar los audios de la formulación de cargos contra los once involucrados. No se fijó fecha ni horario para la reinstalación ni se resolvió sobre la solicitud de medidas alternativas a la prisión preventiva.
La apelación busca revocar la medida cautelar impuesta a cinco de los once procesados, entre ellos Aquiles Alvarez, por presunta delincuencia organizada con fines de lavado de activos y defraudación tributaria. La jueza escuchó los alegatos de los abogados defensores y del representante de la Fiscalía General del Estado.
#ATENCIÓN | #Guayas: debido a que la defensa técnica de Aquiles Á. no se presentó, no se instala la audiencia de formulación de cargos por presunto incumplimiento de #DecisionesLegítimas de autoridad competente. pic.twitter.com/fk4q6spgzq
— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) March 13, 2026
Apariencia de los procesados y espacio privado solicitado
De forma telemática, Aquiles Alvarez, Antonio Alvarez y Xavier Alvarez comparecieron desde el Centro de Privación de Libertad de máxima seguridad El Encuentro, en Santa Elena, con el cabello rapado y uniformes de color naranja.
Los acompañaron César Bravo y Fernando Peñaherrera. Al inicio, los procesados dispusieron de diez minutos en una sala privada para dialogar con sus abogados, a solicitud expresa del alcalde, quien indicó que no habían podido coordinar con fluidez.
Ramiro García, abogado de Aquiles Álvarez, informó que las medidas impuestas en el caso Triple A —presentación periódica ante Fiscalía y prohibición de salida del país— se han cumplido cabalmente.
Ya vamos a iniciar la audiencia de apelación de la prisión preventiva. #Goleada pic.twitter.com/ENTowujBYD
— ?????? ????í? ? (@ramirogarciaf) March 13, 2026
Solicitudes de la defensa y argumentos sobre arraigo
García pidió que Antonio y Xavier Alvarez se presenten periódicamente ante las autoridades. Mientas que Aquiles Alvarez lo haga ante el director de la cárcel El Encuentro, considerando su situación actual en otro proceso.
Juan Ernesto Llamuca, otro defensor de los hermanos Alvarez, señaló que no se expusieron razones específicas y singulares para justificar la prisión preventiva. Sin embargo, solicitó medidas externas para Aquiles Alvarez y la revocatoria para Antonio y Xavier. La audiencia se reinstaló a las 10h45 tras un receso de diez minutos. Posteriormente, intervino el representante de la Fiscalía.
Evidencias tecnológicas y esquema de comercialización ilegal
El fiscal destacó que, en los dispositivos decomisados (computadoras, teléfonos y medios de almacenamiento), se encontró material relevante para sostener el proceso. Según el denunciante José Carlos Cevallos Avellán, exdirector financiero de empresas de los hermanos Alvarez, la entidad Corpalon se utilizó para vender diésel subsidiado por el Estado sin aplicar el subsidio. Con ello se permitió fijar precios libremente y generando perjuicio económico.
El fiscal explicó que estas ganancias irregulares sirvieron para adquirir empresas, gasolineras y entidades en Panamá, y que se empleó el plantel de Barcelona Sporting Club como otra vía para el lavado de activos. El esquema habría generado préstamos por aproximadamente 2 millones de dólares derivados de la comercialización ilegal de combustibles.
Rol atribuido a César Bravo y riesgo de fuga
El fiscal detalló que César Bravo y su hermano Emilio Bravo crearon el grupo Alvatres como matriz de numerosas compañías. Bravo habría actuado como socio, enlace estratégico y gestor de la expansión: coordinó permisos de hidrocarburos, redactó oficios para la agencia de control, mantuvo vínculos con funcionarios públicos. Además, captó socios para ampliar el sector automotriz basado en la venta irregular de diésel.
Además, sostuvo que existe riesgo inminente de fuga, pues los procesados conocen todos los detalles de las operaciones y las personas involucradas para evitar detección. Durante la sesión se presentó un inconveniente técnico que retiró temporalmente a los procesados de la sala telemática.
Réplica de la defensa y exhortación de Fiscalía
El fiscal aclaró que asistió personalmente al allanamiento de Aquiles Alvarez y que el grillete electrónico fue encontrado en el suelo, junto a la cama. Desestimó supuestas incoherencias en la evidencia referida a Fernando Peñaherrera, quien presuntamente conocía los movimientos internos y participaba en chats grupales.
La Fiscalía exhortó a no acoger la revocatoria y mantener la prisión preventiva. En su derecho a réplica, Ramiro García insistió en que la medida viola la presunción de inocencia, pues no se han desglosado actividades específicas que vinculen directamente a los Alvarez. Juan Ernesto Llamuca agregó que no puede presumirse peligro de fuga, dada la existencia de arraigos domiciliarios y la ausencia de antecedentes de evasión previa.
Conclusión sin resolución y contexto adicional
Gabriela Moreira, defensora de César Bravo, y Joseph Mark, letrado de Fernando Peñaherrera, coincidieron en que la intervención fiscal fue frágil y careció de datos concisos para sustentar la prisión preventiva.
La jueza suspendió la audiencia sin pronunciamiento inmediato. Aquiles Alvarez enfrenta además prisión preventiva en el caso Triple A por presunto tráfico de combustibles.
