El sistema de salud pública en Ecuador mantiene avances parciales en abastecimiento de medicamentos, pero continúa enfrentando limitaciones estructurales, problemas logísticos y cuestionamientos en su gestión.
Así lo explicó la vicepresidenta de la República, María José Pinto, en una entrevista concedida al programa A Primera Hora, conducido por Fabricio Vela y Andrea Orbe.
Pinto, quien está a cargo del sector salud desde diciembre de 2023, presentó un balance de la situación actual, centrado en el acceso a medicinas, la relación con proveedores, la reorganización institucional y las estrategias para fortalecer la atención médica en el país.
Uno de los principales indicadores analizados fue el abastecimiento de medicamentos e insumos. Según datos oficiales, al cierre de febrero de 2026 el nivel de abastecimiento nacional alcanzó el 65%, con variaciones entre establecimientos de salud. Algunos hospitales registran niveles cercanos al 73%, mientras que otros se mantienen por debajo del promedio, aseguró la funcionaria.
Ecuador no alcanza el rango internacional
La cifra, aunque superior a la de meses anteriores, aún no alcanza el rango recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que sitúa entre el 70% y el 80% el nivel adecuado para garantizar un funcionamiento óptimo del sistema. La Vicepresidenta señaló que la meta es llegar a ese estándar en el corto plazo.
Durante la entrevista también se abordó la falta de insumos médicos complementarios. Pinto indicó que el abastecimiento no solo debe medirse en función de los medicamentos disponibles, sino también de los dispositivos necesarios para su administración, como jeringuillas, gasas o equipos básicos. La ausencia de estos elementos puede limitar el uso efectivo de los tratamientos, incluso cuando los fármacos están disponibles.
En relación con la adquisición de medicamentos, el Gobierno ha impulsado un modelo de compra centralizada. En la primera fase de este proceso se incluyeron 242 medicamentos considerados críticos. Sin embargo, 20 de ellos no han sido entregados por los proveedores, quienes han argumentado retrasos en procesos aduaneros o falta de disponibilidad.
Frente a este incumplimiento, el Ejecutivo prevé evaluar a finales de marzo la situación contractual de las empresas involucradas, lo que podría derivar en su calificación como proveedores incumplidos y la búsqueda de nuevas alternativas de suministro.
Pinto también se refirió a las limitaciones del catálogo de medicamentos vigente, que data de 2018. Según explicó, este sistema presenta rigideces, como la dependencia de un número reducido de proveedores para determinados productos, lo que reduce la capacidad de respuesta ante problemas de abastecimiento.
Irregularidades en sistema de salud
En cuanto a la gestión interna del sistema, la vicepresidenta mencionó la existencia de irregularidades en la distribución de medicamentos. Señaló que se han detectado casos en los que productos disponibles en bodegas no son entregados a los pacientes, así como situaciones de desvío hacia mercados informales.
Además, indicó que aproximadamente el 30% de los medicamentos se pierde por caducidad, lo que evidencia deficiencias en la planificación y control de inventarios.
Sobre el financiamiento, Pinto explicó que el presupuesto del sector salud se distribuye entre gasto corriente e inversión. Este último incluye programas específicos como vacunación, tratamiento de VIH y estrategias de reducción de la desnutrición infantil.
Afirmó que los recursos están asegurados para estas áreas prioritarias, pese a las diferencias entre las necesidades estimadas y la asignación inicial.
En el ámbito organizativo, el Gobierno plantea eliminar el modelo de coordinaciones zonales y reemplazarlo por una estructura basada en las 24 provincias del país. De acuerdo con Pinto, este cambio busca mejorar la capacidad de gestión territorial y acercar la toma de decisiones a las realidades locales.
Como parte de esta reestructuración, también se realiza una revisión del uso del talento humano. La Vicepresidenta indicó que se ha dispuesto el retorno de médicos familiares que cumplían funciones administrativas hacia los centros de salud, con el objetivo de reforzar la atención directa a los pacientes.
El fortalecimiento del primer nivel de atención constituye otro eje de la estrategia oficial. Los centros de salud tipo A, B y C están diseñados para resolver la mayoría de las necesidades médicas de la población y reducir la demanda en hospitales. Sin embargo, su utilización sigue siendo limitada.
Ampliación en los horarios de atención
Entre las medidas en análisis se encuentra la ampliación de horarios de atención, incluyendo la posibilidad de operar los días sábados, así como la elaboración de un catastro nacional de infraestructura sanitaria. Este levantamiento técnico permitirá identificar necesidades de mantenimiento, equipamiento y personal en cada unidad de salud.
En paralelo, el Gobierno busca reforzar las acciones de prevención en salud pública, con el fin de disminuir la presión sobre los servicios de emergencia y hospitalización.
Las condiciones de acceso a la salud en zonas rurales y de difícil cobertura también fueron parte del diagnóstico. Pinto reconoció limitaciones logísticas, especialmente en la Amazonía, donde comunidades alejadas enfrentan dificultades para acceder a servicios médicos.
Como respuesta, se analiza la implementación de unidades de atención fluvial, en coordinación con la Armada, siguiendo experiencias aplicadas en otros países de la región.
En el ámbito financiero, la vicepresidenta informó que la deuda acumulada con prestadores privados de salud asciende a aproximadamente 800 millones de dólares. En los primeros meses de 2026 se han cancelado cerca de 120 millones, como parte de un proceso de pagos progresivos.
Finalmente, se refirió a la intervención en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, perteneciente al IESS. Aunque esta institución es autónoma, un decreto presidencial faculta al Ministerio de Salud a establecer directrices para su reorganización. Las acciones se enfocan en la revisión de contratos externalizados y en la identificación de posibles irregularidades en su gestión.
Según lo expuesto por la Vicepresidenta, las medidas en curso forman parte de un proceso de reforma estructural que requerirá varios años para consolidarse. (10).
