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La Agencia Metropolitana de Control (AMC) en Quito clausuró este martes tres centros clandestinos de rehabilitación en Calderón, Yaruquí y Pifo, tras detectar a menores de edad, internos con problemas de salud y un fallecido, además de una mujer con orden de captura. Las acciones se realizaron por violaciones a la normativa y posibles maltratos a los internos.
Centros clausurados y hallazgos en Calderón
En San José de Morán, Calderón, la AMC inspeccionó un establecimiento con 44 personas: 33 hombres y 11 mujeres. Entre ellos se encontraban dos menores de edad, quienes fueron entregados a sus representantes legales con el apoyo de Dinapen.
La Policía Nacional confirmó que en el lugar se aprehendió a una interna con orden de captura. Mario Puente, líder zonal de la AMC, explicó que «muchas veces estos centros se convierten en espacios de alto riesgo, donde se vulneran derechos y se oculta a personas requeridas por la justicia». Las condiciones del centro evidenciaban hacinamiento y falta de atención profesional, elementos que alertan sobre los riesgos de la operación clandestina.
Yaruquí: más menores y un fallecido
En Yaruquí, el operativo incluyó la AMC, el Ministerio de Salud Pública, ACESS y la Policía Nacional. La inspección respondió a la alerta de una persona encontrada sin signos vitales. La causa del deceso está bajo investigación.
El centro alojaba 17 internos, incluyendo tres menores de edad, dos adultos mayores, una persona con afecciones de salud mental y una mujer. Según las autoridades, las condiciones eran inadecuadas y no contaban con supervisión profesional ni protocolos de emergencia. Mario Puente señaló: «Este tipo de centros no solo violan normas, sino que exponen a los internos a riesgos graves de salud y seguridad».
Pifo: maltrato físico y psicológico
En Pifo, los agentes encontraron 40 internos, 7 menores de edad y evidencias de encierro con cadenas y candados, además de esposas, cinco pistolas eléctricas, un arma blanca y cigarrillos de contrabando.
Puente indicó que los hallazgos muestran maltrato físico y psicológico, hacinamiento e insalubridad. «Estas condiciones agravan la situación de personas que requieren tratamiento digno», señaló. La AMC recordó que los responsables de centros sin permisos municipales pueden recibir multas de hasta ocho salarios básicos unificados, equivalentes a USD 3.856, según el Código Municipal.
Contexto y cifras en aumento
Desde 2024, la AMC clausuró 10 centros ilegales; en 2025, la cifra subió a 24 y, hasta marzo de 2026, ya suman 6 establecimientos intervenidos. La tendencia refleja la expansión de este tipo de operaciones en el área metropolitana de Quito. El incremento de cierres evidencia la necesidad de fortalecer la supervisión y garantizar derechos y seguridad de personas con problemas de drogodependencia y alcoholismo.
