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La asambleísta Ana Herrera presentó un proyecto de ley en la Asamblea Nacional, en 2026, en Ecuador, para fortalecer la respuesta estatal ante la desaparición de personas y mejorar la coordinación institucional.
La propuesta legislativa busca reformar la normativa vigente para garantizar una actuación más rápida y eficaz frente a casos de desaparición. El proyecto plantea cambios estructurales en los procesos de prevención, investigación y localización.
Además, el documento incorpora un enfoque de derechos humanos. Este enfoque prioriza la protección integral de las personas desaparecidas y el acompañamiento a sus familiares durante todo el proceso. También establece mecanismos para mejorar la coordinación entre entidades públicas. El objetivo es evitar retrasos en la activación de protocolos y asegurar respuestas oportunas en situaciones de riesgo.
Activación inmediata de protocolos
Uno de los puntos centrales del proyecto es la activación automática de los protocolos de búsqueda. La iniciativa fija un tiempo máximo de 30 minutos para iniciar acciones tras la denuncia. Según la propuesta, instituciones como la Policía Nacional, la Fiscalía y el ECU-911 deberán actuar sin requisitos previos. Esto elimina la espera de plazos que, en muchos casos, retrasan las primeras diligencias.
La legisladora explicó que «la respuesta del Estado debe ser inmediata y coordinada». La medida busca reducir el tiempo crítico en las primeras horas de desaparición. El proyecto incorpora nuevas categorías para clasificar las desapariciones. Estas incluyen casos de alto riesgo, situaciones vinculadas a delitos y hechos ocurridos en zonas peligrosas.
Esta clasificación permitirá una atención diferenciada. De este modo, las autoridades podrán priorizar recursos y acciones según el nivel de riesgo identificado. Además, se propone que los casos considerados críticos reciban atención prioritaria desde el inicio. Esta medida apunta a mejorar la eficiencia en la localización de personas.
Sistema nacional y alerta inmediata
La iniciativa plantea la creación de un Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Este sistema funcionará mediante una plataforma tecnológica unificada y de uso obligatorio. La herramienta permitirá el registro y cruce de información en tiempo real. Así, se busca mejorar la coordinación entre instituciones y evitar duplicidad de datos.
Asimismo, el proyecto contempla una Alerta Nacional de Personas Desaparecidas. Este mecanismo difundirá información de forma inmediata a través de medios y plataformas digitales. El texto también fortalece la participación de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Estas entidades deberán colaborar en la difusión de alertas y en acciones de prevención.
De igual forma, el proyecto establece protocolos específicos para grupos prioritarios. Entre ellos constan niñas, niños, adolescentes, mujeres en contextos de violencia y personas adultas mayores. Finalmente, la propuesta incluye un protocolo posterior a la localización. Este garantiza evaluación médica, atención psicológica y acompañamiento institucional para proteger los derechos de la persona encontrada.
Capacitación y recursos
El proyecto dispone la capacitación obligatoria en derechos humanos para operadores de justicia, policías y Fuerzas Armadas. Esta medida responde a estándares establecidos en fallos constitucionales recientes. Además, todas las acciones se implementarán con los recursos existentes. El documento señala que no se requerirán nuevas asignaciones del Presupuesto General del Estado.
Con estas medidas, la iniciativa busca consolidar un sistema más eficiente. El objetivo es mejorar la respuesta institucional ante la desaparición de personas en el país.
