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La Fiscalía General del Estado inició investigaciones previas contra los jueces de la Corte Constitucional (CC) Alí Lozada y José Luis Terán. La acción se produjo luego de que la Contraloría General del Estado emitiera Informes con Indicios de Responsabilidad Penal (IRP) por presuntas inconsistencias en sus declaraciones patrimoniales juramentadas.
El juez Alí Lozada fue notificado el pasado 24 de marzo a través de su esposa y, posteriormente, de su abogado Felipe Rodríguez. El magistrado José Luis Terán recibió la notificación en su despacho la tarde del 1 de abril. Lozada había asegurado en su cuenta de X que no había sido notificado sobre el informe de la Contraloría, afirmación que el contralor general del Estado, Mauricio Torres, desmintió.
Indicios de inconsistencias detectados por la Contraloría
Según los informes a los que tuvo acceso este medio, la Contraloría concluyó que Lozada, quien fue presidente de la CC, no justificó más de $25.000 en entidades financieras nacionales y del exterior.
En el caso de Terán, no pudo justificar documentadamente el origen de más de $70.000, monto que incluye recursos encontrados en cuentas bancarias y utilizados para pagar una deuda bancaria y tarjetas de crédito.
El contralor Mauricio Torres explicó que los exámenes especiales al patrimonio de los jueces de la Corte Constitucional se vienen realizando desde el año pasado y no constituyen un procedimiento nuevo. Precisó que, actualmente, la Contraloría examina el patrimonio de seis magistrados de la CC: tres exámenes ya concluyeron, tres están en ejecución y tres están por iniciarse.
Tipos de informes y procedimiento de la Contraloría
Torres detalló que los exámenes de patrimonio pueden generar dos tipos de informes: el informe general o el informe con indicios de responsabilidad penal (IRP). Cuando se trata de un IRP, la Contraloría remite el caso directamente a la Fiscalía, que es la encargada de abrir la investigación y determinar si existe o no enriquecimiento ilícito.
En entrevista con el programa Del día a la noche emitida el miércoles 1 de abril, el contralor reiteró que los jueces contaron con los plazos legales para entregar información adicional antes de la emisión de los informes finales.
