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El fallecido mandatario peruano Alberto Fujimori obstruyó una misión policial diseñada para capturar al cabecilla de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, en diciembre de 1990. Esta grave acusación proviene del teniente general de la Policía, Félix Murazzo Carrillo, quien lideraba la inteligencia antiterrorista en ese periodo histórico.
La planificación estatal buscaba mantener la amenaza terrorista vigente para validar el quiebre constitucional ocurrido años después en la nación. Según Murazzo, el entorno de Fujimori necesitaba un enemigo activo para ejecutar sus planes de control absoluto sobre las instituciones peruanas.
Estrategia política tras el caso Fujimori
«El gobierno de Fujimori había proyectado hacer un golpe de Estado a nombre de la lucha contra el terrorismo», afirmó el general. Él sostiene que detener a Guzmán en 1990 eliminaría los argumentos necesarios para la asonada golpista del 5 de abril de 1992.
Por esta razón, la cúpula del poder bloqueó operativamente el trabajo de la Dincote en la calle Buenavista del distrito de Surco. Los agentes tenían confirmada la ubicación exacta del líder senderista mediante pruebas grafológicas de documentos hallados en la basura doméstica.
Vidas perdidas por decisión de Fujimori
El general Murazzo asegura que «de haberse consumado la operación prevista en 1990, pudieron haberse salvado miles de vidas» en el país. La demora de dos años en la detención permitió que la organización terrorista ejecutara atentados sangrientos en diversas zonas urbanas.
La decisión de Fujimori y su asesor Vladimiro Montesinos facilitó crímenes posteriores como el asesinato de la dirigente social María Elena Moyano. También se suman a la lista el atentado de Tarata y la matanza de estudiantes en la universidad La Cantuta.
Impacto histórico de la orden de Fujimori
Durante el periodo de espera forzada, estallaron más de 50 coches bomba y fallecieron aproximadamente 2.000 ciudadanos inocentes en territorio nacional. La orden de detener la incursión policial llegó directamente desde el Palacio de Gobierno a través de mandos policiales.
A pesar de las evidencias recopiladas por el equipo de investigaciones encubiertas, la intervención resultó suspendida por intereses políticos del régimen. Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 tras cumplir condenas por delitos de lesa humanidad cometidos durante su mandato.
Consecuencias judiciales del fujimorismo
La Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación cifra en 70.000 las víctimas mortales del conflicto entre 1980 y 2000. Además de las matanzas, Fujimori recibió condenas por la esterilización forzada de miles de ciudadanos indígenas durante su cuestionada gestión.
Por otro lado, Vladimiro Montesinos cumple una sentencia de 25 años en la prisión naval del Callao por múltiples masacres. La captura del asesor ocurrió en Venezuela en 2001, cerrando un capítulo oscuro bajo el mandato de Fujimori en el Perú.
