Cuando hablamos del desarrollo de Manabí, es común escuchar que «el país avanza» o que «los servicios mejoran»; sin embargo, esa percepción generalista suele construirse desde la comodidad urbana, la generalidad y el romanticismo.
Es indispensable tener claro que en el sector rural no solo viven agricultores tradicionales, sino también jubilados y migrantes, estudiantes que intentan continuar sus estudios, docentes, técnicos, microempresarios, profesionales de todo tipo y mujeres que desarrollan economías mixtas; pero el trato es como si fuésemos «ciudadanos de segunda categoría» en términos de acceso real a servicios, derechos y oportunidades.
Entonces, se construyen procesos de desarrollo pensados desde la ciudad, pero apenas cruzamos hacia las parroquias rurales, la realidad cambia drásticamente. Según el Censo 2022 del INEC, en Manabí el acceso a servicios básicos revela una brecha clara: la electricidad por red pública llega al 96,2 % de las viviendas; el agua por red pública apenas alcanza el 61,1 % a nivel provincial y cae al 29,2 % en la zona rural. El alcantarillado se sitúa en 43,6 % y la recolección de basura en 80,7 %, pero no de manera uniforme.
Estas cifras contrastan fuertemente con las ciudades, donde los mismos servicios operan con mayor cobertura y continuidad, con una calidad aún cuestionable; pero no se trata solo de números fríos, pues lo que en la urbe se considera «normal», en el campo se convierte en un esfuerzo diario que nos consume tiempo, recursos y oportunidades.
En el campo manabita, los servicios públicos, tanto municipales como del gobierno central, suelen llegar con menor alcance, menor frecuencia y bajísima calidad. El agua para consumo humano muchas veces depende de pozos o sistemas precarios; las vías rurales se deterioran rápidamente; la atención de salud es limitada y distante, al igual que el acceso a la justicia; los trámites administrativos exigen desplazamientos largos y costosos. Y una limitante grave: la escasa e irrelevante comunicación social pública y privada.
La brecha no es casual: refleja una mirada centralista que replica modelos urbanos sin adaptarlos a la dispersión territorial y poblacional, ni a las necesidades específicas de cada sector rural; por tanto, necesitamos romper la inercia de creer que «lo que funciona en la ciudad obligadamente se replica en el campo».
¿Y de lo rural qué…? Preguntemos y exijamos respuestas claras para que no nos dejen atrás a quienes sostenemos, de una u otra manera, gran parte de la economía provincial con nuestro trabajo diario. En el Manabí rural merecemos ser tratados como ciudadanos, no como simples habitantes marginales.
