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La Asamblea Nacional del Ecuador analiza posibles juicios políticos por el presunto incumplimiento de una sentencia emitida el 23 de marzo de 2026, en Ecuador, que ordenó acciones a varias instituciones públicas para garantizar derechos.
La decisión judicial se vincula al caso de Alexandra Villacís, quien impugnó un impedimento que frenó su ascenso a la presidencia del Consejo de la Judicatura. La resolución ordenó medidas específicas a entidades estatales. Legisladores de diversas bancadas advierten posibles responsabilidades políticas y penales contra autoridades involucradas. El tema se posiciona como uno de los principales debates del Legislativo.
Incumplimiento de funciones bajo la lupa
El 23 de marzo de 2026, la jueza Viviana Pila aceptó una acción de habeas data presentada por Villacís. La magistrada dispuso correctivos para restituir sus derechos. La sentencia ordenó al Ministerio del Trabajo corregir el registro de impedimento en un plazo de 24 horas y ofrecer disculpas públicas. También dispuso acciones dirigidas a otras entidades.
Asimismo, la jueza estableció que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debía abstenerse de ejecutar actos que vulneraran los derechos de la afectada. Sin embargo, según legisladores, los correctivos no se han cumplido. Entre las autoridades señaladas figuran Harold Burbano, ministro de Trabajo; Andrés Fantoni, presidente del CPCCS; y Damián Larco, titular del Consejo de la Judicatura.
Fiscalización y debate en la Asamblea
Desde la oposición, representantes de distintas bancadas coinciden en la necesidad de fiscalización. El asambleísta Blasco Luna afirmó: «Vemos un claro incumplimiento de no haber permitido que se cumpla el fallo del juez. Es necesario que la Asamblea lleve adelante un proceso de fiscalización».
El legislador señaló que el control político debe centrarse en la actuación del Ministerio del Trabajo y del CPCCS, por la continuidad del proceso de designación de autoridades judiciales. Por su parte, la asambleísta Mariana Yumbay manifestó que el oficialismo dificulta la fiscalización. «La fiscalización es una utopía aquí porque no hay condiciones por el control absoluto del oficialismo», declaró.
En la misma línea, el legislador Alfredo Serrano sostuvo que los juicios políticos enfrentan obstáculos en el Consejo de Administración Legislativa. Según explicó, varios procesos no han avanzado por falta de calificación.
Responsabilidades políticas y consecuencias jurídicas
El exasambleísta Jorge Peñafiel indicó que la Asamblea debe exigir respuestas al Consejo de la Judicatura. Señaló que el control político se desarrolla de manera paralela a posibles investigaciones penales. El constitucionalista Gonzalo Muñoz aclaró que un eventual juicio político no interfiere con procesos judiciales. Explicó que ambas instancias poseen naturalezas jurídicas distintas.
Mientras tanto, la Asamblea Nacional del Ecuador mantiene el análisis del caso. El debate se centra en determinar responsabilidades y garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales. Hasta el cierre de esta edición, legisladores del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional no emitieron pronunciamientos sobre el tema.
