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El miércoles 8 de abril, el abogado David López, fundador del movimiento Reto y radicado en Quito, presentó una denuncia formal para solicitar la remoción del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, detenido en la cárcel del Encuentro, alegando que se ha ausentado del cargo sin causa justificada, generando consecuencias legales y administrativas para la ciudad.
Según López, la denuncia se basa en el artículo 333, letra b) del COOTAD, que establece como causal de remoción la ausencia del cargo por más de tres días hábiles sin encargo legal ni justificación.
El abogado indicó que Alvarez solicitó licencia sin sueldo hasta el 26 de marzo, pero que al 9 de abril ya superaba los nueve días hábiles sin justificación. «No tiene causa justificada para ausentarse del cargo, que supera ampliamente los días hábiles que exige la ley», declaró.
López aclaró que la ley permite a cualquier ciudadano presentar la denuncia. «Cualquier persona que considere que existe una causal de remoción de la autoridad de elección popular, puede presentar por escrito una denuncia con su firma de responsabilidad reconocida ante autoridad competente», enfatizó.
Implicaciones políticas y administrativas
López subrayó la responsabilidad de los miembros del movimiento Reto frente a la situación de la alcaldía. «El alcalde se encuentra privado de la libertad desde hace aproximadamente dos meses y esta situación genera inseguridad jurídica, interrumpe la continuidad de las obras y afecta la administración de la ciudad más grande del país», sostuvo.
Además, resaltó la necesidad de asegurar la continuidad de proyectos clave. «Lo más importante aquí es que Guayaquil pueda continuar con sus obras, agua potable, alcantarillado y vialidad urbana, competencias constitucionales que requieren atención inmediata», señaló.
El abogado insistió en que la denuncia busca garantizar que las responsabilidades administrativas no queden en pausa. «Debemos asumir con responsabilidad lo que corresponde como organización política», concluyó.
Procedimiento del proceso de remoción
La denuncia presentada por López ahora debe ser analizada por la Comisión de Mesa del Concejo Cantonal para determinar si cumple con los requisitos legales. Según el abogado, el secretario del órgano legislativo tiene un plazo de dos días para remitir la denuncia a esta comisión.
Posteriormente, la comisión tiene un plazo de cinco días para calificar la denuncia y decidir si procede o no, antes de que el caso pase al Concejo Cantonal. López afirmó que su función se limita a presentar la denuncia: «La cancha ya no está en mis manos, yo lo único que hice es poner en conocimiento que se ha configurado una causal de remoción del artículo 333 del COOTAD», detalló.
Contexto político en Guayaquil
La situación del alcalde detenido afecta tanto la gestión municipal como la percepción ciudadana, generando discusiones sobre la continuidad de obras y servicios esenciales. La denuncia legal presentada se suma a otros procesos judiciales que enfrenta Alvarez.
Analistas legales consideran que el cumplimiento estricto del COOTAD es clave para garantizar la transparencia del proceso y evitar que la ausencia prolongada de la autoridad paralice la administración de la ciudad. La resolución de esta denuncia podría definir el rumbo político de Guayaquil en los próximos meses, afectando tanto la administración local como la imagen de los movimientos políticos involucrados.
