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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos admitió a trámite la denuncia presentada por Gonzalo Albán el 10 de abril de 2026, en Washington, por su destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en 2025, lo que obliga al Estado ecuatoriano a justificar la legalidad del juicio político ejecutado por la Asamblea Nacional del Ecuador.
El proceso se tramita ante el sistema interamericano tras la separación del exfuncionario, quien sostiene que se vulneraron sus derechos políticos y judiciales. El organismo internacional notificó oficialmente la admisión del caso, lo que activa los procedimientos establecidos en el derecho internacional.
Plazos para la respuesta del Estado ecuatoriano
Según la notificación emitida el 10 de abril de 2026, el Estado ecuatoriano dispone de tres meses para presentar sus observaciones ante la CIDH. Este plazo podrá extenderse hasta un máximo de cuatro meses, siempre que el organismo considere que existen razones que lo justifiquen.
Una vez concluido el periodo, la Comisión iniciará el examen de admisibilidad para determinar si la denuncia avanza hacia el análisis de fondo por presuntas vulneraciones de derechos. El exconsejero fundamenta su reclamo en la supuesta violación de los artículos 8, 23, 25 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Albán sostiene que fue destituido pese a que el Tribunal Contencioso Electoral ratificó que no tenía afiliación política al momento de postularse. El exfuncionario argumenta que el Legislativo lo juzgó por los mismos hechos previamente analizados por la autoridad electoral.
Argumentos clave del caso
El proceso de destitución se concretó el 22 de septiembre de 2025 mediante un juicio político desarrollado en la Asamblea Nacional. La acusación se basó en el supuesto incumplimiento de la prohibición de estar afiliado a organizaciones políticas en los cinco años previos al ejercicio del cargo.
La iniciativa fue impulsada por el asambleísta Kevin Gallardo, perteneciente a la bancada oficialista ADN. Albán sostiene que el TCE lo habilitó legalmente para participar en las elecciones de 2023, invalidando la tesis utilizada por la Asamblea para justificar su destitución. «La Comisión admitió la denuncia presentada por el exconsejero», señala la notificación oficial emitida por el organismo internacional.
Este proceso coloca al Estado ecuatoriano ante el sistema interamericano, que evaluará si existieron vulneraciones a derechos protegidos por la Convención Americana. El pronunciamiento de la CIDH marca el inicio de una fase internacional que podría derivar en recomendaciones o en la remisión del caso a la Corte Interamericana.
