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En el marco de un operativo que ha sacudido la estructura política del país, la Fiscalía General del Estado informó que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, no portaba el dispositivo de vigilancia electrónica al momento de su captura. Esta herramienta era una medida cautelar obligatoria impuesta previamente dentro del caso Triple A, proceso en el cual se investiga al funcionario por su presunta participación en una red de comercialización ilegal de combustible a nivel nacional.
La ausencia del dispositivo fue reportada oficialmente por la Fiscalía tras el allanamiento realizado en la madrugada de este 10 de febrero de 2026. Según el organismo técnico, Aquiles Álvarez debía mantener el uso del dispositivo como parte de las restricciones legales vigentes. Este nuevo hallazgo complica la situación jurídica del burgomaestre, quien ahora enfrenta el caso Goleada, una investigación que se suma a sus conflictos legales previos con el Estado.
Incumplimiento de medidas y el caso Triple A
La institución fue enfática en sus canales oficiales al detallar la irregularidad detectada durante el procedimiento policial. «#CasoGoleada | Al momento de su detención, Aquiles Álvarez no portaba el grillete electrónico, medida cautelar dispuesta dentro del #CasoTripleA, en el que es investigado por la presunta comercialización ilegal de #Hidrocarburos», señaló el ente a través de su cuenta en la red social X. Este incumplimiento podría derivar en una revisión de sus medidas sustitutivas.
Cabe recordar que el caso Triple A vincula a empresas familiares del alcalde con una supuesta estructura de compra y venta irregular de derivados del petróleo. En dicho proceso, la justicia determinó que Aquiles Álvarez debía portar el grillete para asegurar su presencia en las etapas judiciales. No obstante, al ser abordado por las fuerzas del orden hoy, el dispositivo no se encontraba en su cuerpo, lo que eleva las alertas sobre el control de las autoridades de seguridad.
Reacciones políticas ante la nueva evidencia judicial
La noticia sobre la falta del grillete ha intensificado el debate sobre la transparencia del alcalde de Guayaquil. Mientras los entes de control subrayan la falta técnica, la bancada de Revolución Ciudadana insiste en que todo el proceso contra Aquiles Álvarez carece de legitimidad. La asambleísta Paola Cabezas y el legislador Raúl Chávez han defendido la gestión del alcalde, calificando su retención como un acto de «dictadura» y una estrategia para silenciar a la oposición.
Para los defensores del burgomaestre, los señalamientos de la Fiscalía son parte de una narrativa para justificar lo que consideran un atropello a los derechos políticos. Según la vicealcaldesa Tatiana Coronel, Aquiles Álvarez es víctima de una «asimetría evidente» en la justicia, donde se persigue con celeridad a los críticos del Gobierno actual. Sin embargo, el informe técnico sobre el grillete añade un componente de responsabilidad legal que la justicia deberá evaluar en las próximas horas.
Traslado y vigilancia del proceso en Quito
Tras confirmarse su detención y la novedad sobre el dispositivo electrónico, Aquiles Álvarez está siendo trasladado a la capital para continuar con las diligencias pertinentes. Su hermano, Antonio Álvarez, también se encuentra bajo custodia, vinculando al ámbito político con la dirigencia del club Barcelona SC. Los movimientos en torno a la Función Judicial sugieren que este caso marcará un hito en la fiscalización de las autoridades locales en el Ecuador.
Los aliados de la Revolución Ciudadana han anunciado que se mantendrán vigilantes en las unidades judiciales de Quito. Sostienen que el caso de Aquiles Álvarez es una represalia por sus denuncias sobre supuestos nexos entre el narcotráfico y el poder político. A pesar de estas declaraciones, la justicia se enfoca en el incumplimiento de las medidas de vigilancia y en los indicios de delincuencia organizada que motivaron los allanamientos de esta jornada violenta para la política guayaquileña.
