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Reino Unido, Suecia, Francia, Alemania y los Países Bajos, emitieron un comunicado conjunto acusando directamente al Gobierno ruso de la muerte del opositor Alexéi Navalni. La declaración, realizada en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich, confirma que Navalni fue envenenado con epibatidina, una toxina letal derivada de ranas venenosas de Sudamérica, y subraya que solo el Estado ruso tuvo los medios, el motivo y la oportunidad de administrar este veneno.
Los análisis de muestras tomadas del cuerpo de Navalni, fallecido en una prisión ártica en febrero de 2024, confirmaron de manera concluyente la presencia de epibatidina. Esta sustancia, letal para los seres humanos, se encuentra naturalmente en las ranas punta de flecha, presentes en amplias zonas de Sudamérica y Centroamérica, incluyendo Ecuador, y no se halla de forma natural en Rusia. La ausencia de una explicación inocente para su detección en Navalni refuerza la acusación contra el Kremlin.
La acusación formal y las pruebas
La investigación conjunta de estos países, que se extendió a lo largo de dos años, ha culminado con esta acusación formal. Los ministros de Asuntos Exteriores de las naciones implicadas enfatizaron que el Estado ruso es responsable de la muerte de Navalni, aludiendo a que solo ellos poseían la capacidad y el desprecio por el derecho internacional para perpetrar tal acto. La secretaria de Exteriores británica, Yvette Cooper, afirmó que Rusia «veía a Navalni como una amenaza» y que el uso de este veneno «demostró las armas despreciables que tiene a su disposición y el miedo sobrecogedor que tiene a la oposición política».
La epibatidina es conocida por ser una neurotoxina potente, utilizada históricamente por algunas tribus indígenas sudamericanas en las puntas de sus flechas. Su origen geográfico y la imposibilidad de encontrarla de forma natural en Rusia son puntos clave en la argumentación de los países europeos.
Reacciones a nivel internacional
En respuesta a estas conclusiones, los gobiernos denunciantes han anunciado que acudirán a la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ). Consideran que la muerte de Navalni constituye una violación de la Convención sobre las Armas Químicas y se han comprometido a exigir responsabilidades a Rusia por sus acciones. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se hizo eco de la noticia y calificó el envenenamiento como un «acto cobarde de un líder atemorizado».
La viuda de Alexéi Navalni, Yulia Navalnaya, también presente en la Conferencia de Múnich, ha sido una voz constante en la denuncia del asesinato de su marido. Ya en septiembre del año pasado, Navalnaya afirmaba que análisis clínicos realizados por laboratorios extranjeros confirmaban el envenenamiento. En un emotivo mensaje, declaró: «Mi marido, Alexéi Navalni, fue envenenado. Esto no son palabras vacías y tengo todos los motivos para decirlo», acusando directamente al Kremlin de ordenar su asesinato. En Múnich, reiteró que lo que antes eran solo sus palabras, ahora son «hechos científicamente probados».
La muerte de Navalni
Alexéi Navalni, un feroz crítico del presidente ruso Vladímir Putin y una figura central en la lucha contra la corrupción, falleció en la colonia penitenciaria del Ártico donde cumplía una condena de 19 años, considerada por él y sus aliados como políticamente motivada. La versión oficial rusa, que atribuía su muerte a causas naturales como una arritmia, nunca fue creída por su familia, la oposición, médicos independientes ni las cancillerías occidentales.
El presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró en su momento que había aprobado un canje de prisioneros poco antes de la muerte de Navalni, calificándola de «triste suceso». Sin embargo, los aliados del opositor acusan al jefe del Kremlin de haber facilitado su deceso al bloquear dicho intercambio, manteniendo a Navalni en condiciones extremas que, según ellos, propiciaron su asesinato. El Gobierno ruso no ha respondido de momento a esta acusación formal y unificada de los cinco países europeos.