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El Tribunal de Garantías Penales suspendió la instalación de la audiencia de juicio en el denominado caso Triple A durante la mañana de este sábado 7 de marzo. La diligencia judicial convoca al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, junto a otras quince personas y seis empresas por presunta comercialización ilegal de combustibles.
Esta interrupción procesal ocurre tras dos aplazamientos previos registrados entre diciembre de 2025 y enero del presente año. Por consiguiente, los magistrados determinaron que la audiencia se retomará mañana domingo 8 de marzo para resolver primero varios incidentes legales pendientes.
Detalles de la investigación
La Fiscalía General del Estado investiga un esquema de desvío de más de veintidós millones de galones de combustible subsidiado por el Estado. Según las pericias técnicas, esta actividad ilícita habría causado un perjuicio económico superior a los 61 millones de dólares. El Ministerio Público sostiene que el hidrocarburo se comercializaba ilegalmente a través de gasolineras vinculadas directamente al entorno familiar de Alvarez.
Asimismo, la entidad publicó recientemente un video detallando los nexos operativos de esta red delictiva que operaba mediante la manipulación de cupos energéticos.
Por otro lado, la acusación fiscal vincula estas operaciones con un presunto beneficio económico injustificado para las empresas privadas involucradas en la trama. Actualmente, el Tribunal analiza las pruebas documentales que demostrarían la ruta del combustible y el destino final de los recursos financieros obtenidos. La investigación señala que las estaciones de servicio funcionaban como centros de acopio para la distribución no autorizada de derivados del petróleo.
Medidas cautelares para Aquiles y los demás vinculados
La Fiscalía solicitó formalmente la prisión preventiva para Aquiles Alvarez tras alegar un presunto incumplimiento en el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. No obstante, su abogado, Ramiro García, presentó informes del SNAI que ratificarían que el procesado no manipuló ni se retiró el grillete institucional.
La defensa técnica asegura que su cliente ha cumplido con la prohibición de salida del país y las presentaciones periódicas ante la autoridad. Mientras tanto, el alcalde permanece recluido en la cárcel de Cotopaxi por el caso Goleada, donde se investiga un presunto lavado de activos.
Alvarez se pronunció en redes sociales sobre lo que declaró ante el tribunal, finalizando que, si la justicia prevalece el Estado ecuatoriano es un Estado de derecho o, si al contrario, se confirma una dictadura.
El Tribunal notificó que emitirá una decisión definitiva sobre este pedido de prisión el domingo 8 de marzo antes de instalar el juicio. Además, los jueces deben evaluar si las medidas no privativas de la libertad son suficientes para garantizar la presencia de los 16 implicados.
