• 2 minutos de lectura
Los 191 agentes civiles de tránsito que laboran en el cantón Manta han logrado un avance significativo en materia de seguridad social, luego de que la comisión interventora a cargo de la EP Movilidad de Manta llegara a un acuerdo de pago con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). Este convenio garantiza que los uniformados puedan acceder nuevamente a la atención médica y beneficios, a pesar de que la principal deuda, la de sus salarios, continúa pendiente.
Jhon Toro, agente de tránsito, confirmó la situación. «Aún nos adeudan siete meses de sueldo; sin embargo, ahora ya podemos beneficiarnos de la atención en el IESS ya que la comisión interventora hizo un convenio de pago por la deuda que se mantenía allí», indicó.
Siete meses de deuda
La preocupación por la falta de pago se arrastra desde hace meses. El agente Toro explicó que la deuda de salarios asciende a siete meses, computados desde junio. «Hasta el momento no tenemos una respuesta concreta,» lamentó el uniformado, detallando que este vacío salarial afecta a 191 agentes civiles de tránsito.
En un intento por paliar la situación, se realizaron pagos parciales y discontinuos. Toro recordó que «cuando se suspendió la medida de huelga de hambre, les pagaron los meses precedentes, que eran junio y julio». Estos abonos, si bien representaron un respiro temporal, no terminan de solventar la deuda de siete meses que mantiene a los agentes en un estado de «pausa» económica.
Agencia en intervención
La situación de los agentes se da en el contexto de la intervención de la Agencia Nacional de Tránsito. A pesar de los problemas internos, la entidad sigue operando, aunque con ciertos servicios suspendidos.
El vocero enfatizó que la lucha de los agentes no es en contra de la intervención, sino por la normalización del servicio. «No hemos estado en contra de su pertenencia nacional. Más bien, lo hemos puesto a orden», manifestó.
Toro hizo un llamado directo a las autoridades, en particular al director Albán, a quien pidió que sea consciente de que llevan «siete meses que no estamos en contra de la intervención». La expectativa de los 191 agentes radica ahora en que la intervención agilice las soluciones.