Seis acusados en caso ‘depuración azul’ por tráfico de armas – La Voz del Altiplano
08 de febrero de 2026 • 17:15

4 minutos de lectura

Seis de los ocho procesados en el caso ‘Depuración Azul’ aceptaron los cargos por venta de armas de fuego y municiones. Lo hicieron para poder acogerse a un proceso abreviado y reducir su condena. Cinco de ellos son policías que, en el momento de su detención, se encontraba en servicio activo, en Quito. El caso, que destapó una red de desviación de armamento de la Policía Nacional del Ecuador hacia grupos criminales, inició en julio de 2025.

La Fiscalía reformuló los cargos iniciales de delincuencia organizada, que contemplaban hasta 22 años de prisión, por delitos de armas y municiones, con pena máxima de siete años. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), al admitir los hechos en proceso abreviado, la pena no puede ser inferior al tercio de la mínima prevista, lo que en este caso correspondería aproximadamente a 27 meses de prisión.

Caso ‘Depuración Azul’ investiga a cinco policías

De los ocho procesados en el caso ‘Depuración Azul’, dos fueron sobreseídos por falta de elementos de convicción suficientes: el taxista Franklin L.R. y Evelyn M.S., expareja de uno de los policías. La Fiscalía emitió dictamen abstentivo en su favor. En su versión libre, Evelyn M.S. relató que fue detenida durante un allanamiento en su casa, frente a sus hijos pequeños que lloraron.

Los agentes buscaron facturas y documentos que aporten a las investigaciones del caso ‘Depuración Azul’. Indicó que llevaba seis años separada del policía Jorge G., quien laboraba en el rastrillo del distrito Tumbaco, en Quito. El 17 de junio de 2025 acompañó a su expareja a retirar un paquete en la plaza de Toros, norte de Quito, y lo enviaron desde la terminal terrestre de Carcelén hacia Guayaquil. El uniformado le pidió su cédula porque olvidó la suya.

Los análisis de los celulares confirmaron que las conversaciones se referían principalmente a la manutención de los hijos y no a los hechos investigados. Franklin L.R. declaró que trabajaba como taxista para el policía Darwin R., dueño del vehículo. Llevaba dos años a su servicio y acordó comprarle el taxi por 1.300 dólares en cuotas. Realizó depósitos por transferencias bancarias: 2.000 dólares en marzo, 2.500 en mayo y 500 en junio.

Entregaban armas y municiones a grupos delictivos

En marzo, Darwin R. le pidió enviar una encomienda desde Carcelén a Guayaquil. El paquete se lo entregó una persona con overol plomo o azul y supuestamente contenía repuestos de carro. Realizó tres envíos similares y aseguró desconocer más detalles. Los seis procesados restantes admitieron su culpabilidad. La investigación determinó que la red desviaba armas y municiones de los rastrillos policiales, incluyendo armas donadas por Estados Unidos.

Los sospechosos verificaban sobrantes, especialmente municiones no usadas en prácticas de tiro, para no registrarlas. Los productos se ofertaban a grupos criminales como Freddy Kruger, Tiguerones y Mafia 18. Los precios iban de 1.000 a 7.500 dólares por arma y desde 5 dólares por bala. Chats de WhatsApp analizados mostraron negociaciones concretas: dos cajas de munición 9 milímetros a 75 dólares, pedidos de 400 cajas con 50 unidades cada una, municiones 5.56 para fusil, alimentadores y municiones de fogueo calibre 38 y 9 milímetros.

Fecha para la audiencia de juzgamiento

La estructura involucraba a alias Topo (cabo primero encargado de guarda almacén en Dirección Logística), quien sustraía las municiones y las enviaba en encomiendas. En Guayaquil las recibían alias Gangudo (cabo primero) y alias Uña (sargento segundo). Un policía en servicio pasivo operaba la comercialización a través de una tienda virtual.

El caso ‘Depuración Azul’ se inició a investigar tras una denuncia por cohecho. Las autoridades realizaron seguimientos, análisis de comunicaciones y vigilancias durante meses. Los implicados, a veces con uniforme, dejaban encomiendas en terminales de buses. Los seis procesados cumplen prisión preventiva desde hace siete meses. El juez convocó audiencia de audiencia de juzgamiento para el 24 de febrero de 2026, tras suprimir la preparatoria de juicio por el proceso abreviado.

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