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El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió una disposición que condiciona acreditaciones periodísticas y excluye de coberturas a medios considerados perjudiciales para su imagen institucional pública. Esto es calificado como una forma de censura.
Además, la orden firmada por el jefe del comando conjunto, Henry Delgado, establece evaluar línea editorial, rigor informativo, tratamiento histórico y postura frente al rol constitucional militar. Desde el veintiocho de enero, comandantes de Ejército, Marina y Aviación deben aplicar parámetros que permiten negar acreditaciones a medios considerados contrarios a la imagen institucional militar.
Parámetros y matriz para evaluar coberturas
Asimismo, un informe comunicacional fija lineamientos y una matriz que califica sobre cien puntos la idoneidad de los medios para futuras coberturas militares. De acuerdo con el documento, puntajes entre ochenta y cien puntos califican como medio apto, mientras valores intermedios implican autorización condicionada para coberturas y acreditaciones institucionales. En cambio, calificaciones menores a sesenta puntos impiden nuevas acreditaciones, lo que según los comunicadores implica censura para cubrir actividades públicas relacionadas con fuerzas militares ecuatorianas.
Tras difundirse la medida, periodistas reaccionaron públicamente ante lo que llaman censura. La periodista Yalilé Loaiza sostuvo que «en democracia ninguna institución pública puede decidir quién pregunta», recordando además que administran información pública, no reputación institucional ante ciudadanos. Además agregó que «filtrar acceso por criterios políticos o imagen vulnera el derecho informativo», pues restringe arbitrariamente libertades periodísticas protegidas constitucionalmente dentro del sistema democrático ecuatoriano vigente.
Reacciones por falta de libertad
La periodista Claudia Oleas expresó su rechazo señalando públicamente que «oficialmente ya estamos en dictadura», frase que generó amplio debate. Muchos recordaron que este tipo de medidas se tomaban en el correísmo para censurar medios que se consideraban contrarios a ese gobierno.
Bessy Granja comunicadora televisiva considera que «las FFAA están obligadas al escrutinio público porque se deben al Estado, no a intereses políticos». Agregó que «si lo que buscan son cachiporreros y no periodismo, que lo digan abiertamente».
Más voces críticas
Entretanto, ciudadanos y analistas también cuestionaron la decisión, argumentando que limitar acreditaciones periodísticas podría afectar transparencia institucional y acceso público a información generada por organismos estatales. El analista económico Alberto Acosta Burneo afirmó que «la libertad de expresión es prerrequisito de sociedades libres», defendiendo que críticas deben enfrentarse mediante datos e información verificable.
Finalmente, Acosta añadió que «todo funcionario público debe someterse al escrutinio popular», enfatizando que ninguna autoridad puede quedar excluida de cuestionamientos dentro del control democrático ciudadano.
La ex asambleísta Ana Galarza comentó de forma irónica que es «terrible lo que está pasando en Venezuela». De esa forma comparó las faltas de libertades que hay en Ecuador, con lo que ha pasado durante años durante los gobiernos de Chávez, Maduro y Rodríguez.
Debate público sobre libertades en Ecuador
El ex Ministro de Defensa Ricardo Patiño también cuestionó esta medida: «¿Quiénes pidieron el voto a favor del «demócrata» Daniel Noboa? Ahora… háganse cargo», escribió. Enseguida el comunicador Paúl Romero le recordó a Patiño que él también persiguió a comunicadores y censuró a la prensa. Romero le dijo a Patiño que él ordenó «investigarme» para conocer cómo conseguía la información. «Igual que la administración actual, limitó el acceso a la información y ordenó sanciones», recordó.
La abogada María de Lourdes Miño, recordó que en el caso «Usón Ramírez v. Venezuela», la CorteIDH fue clara en indicar que las FFAA como institución estatal, no poseen un derecho a la honra, y que toda medida de sanción a expresiones críticas con éstas, son anticonvencionales y violan la libre expresión.
Finalmente Fundamedios dijo que las Fuerzas Armadas emitieron documentos oficiales que establecen un sistema de control, evaluación y exclusión de medios de comunicación, que constituye la imposición de un inaceptable estado de censura previa incompatible con una sociedad democrática y violatorio de los principios constitucionales e interamericanos que obligan a los estados a garantizar las libertades de expresión y prensa.
