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Un Tribunal de Garantías Penales dictó una pena de 21 años y cuatro meses de prisión contra Miguel Ángel P. M., declarado responsable del delito de secuestro extorsivo cometido el 30 de enero de 2025 en Guayaquil.
La sentencia se emitió tras analizar pruebas documentales, testimoniales y periciales presentadas por la Fiscalía durante la audiencia de juzgamiento. Además de la pena privativa de libertad, el fallo incluye una multa equivalente a cuarenta salarios básicos unificados y el pago de 10.000 dólares como reparación integral a la víctima.
De acuerdo con la investigación, la víctima es un comerciante dedicado a la venta de ropa deportiva importada desde Perú, quien fue interceptado por varios hombres armados cuando salía de su domicilio. Los sujetos lo obligaron a subir a un vehículo y posteriormente exigieron a su familia 300.000 dólares a cambio de su liberación.
Exigencias económicas y rescate policial
Horas después del secuestro, los captores enviaron imágenes y videos en los que se observaba al comerciante atado, amordazado y golpeado. Ante la falta de respuesta inmediata, redujeron la exigencia económica a, al menos, 50.000 dólares. Estos elementos fueron incorporados al proceso como parte de las pericias digitales practicadas por los investigadores.
Tras labores de inteligencia y rastreo tecnológico, la Policía Nacional ubicó a la víctima en un sector cercano a un manglar en el golfo de Guayaquil. Durante el operativo de liberación, dos de los presuntos custodios escaparon al advertir la presencia de los uniformados. El comerciante fue rescatado con vida.
Investigación y proceso judicial
En su versión, la víctima señaló que uno de los participantes sería un vecino que conocía detalles sobre sus actividades comerciales y bienes. Con esa información, agentes policiales localizaron al sospechoso en el suburbio de Guayaquil, donde fue detenido. Posteriormente, un juez de Garantías Penales ordenó prisión preventiva mientras avanzaba el proceso.
Durante la audiencia de juzgamiento, la fiscal de la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional presentó diez testimonios, incluidos los de agentes de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y peritos informáticos. También se expusieron partes policiales, informes investigativos, el reconocimiento del lugar de los hechos y la denuncia formal.
Marco legal y antecedentes
El Tribunal consideró que las pruebas demostraron la responsabilidad penal del procesado como autor del delito. El secuestro extorsivo está tipificado en el artículo 162, inciso segundo, numeral 9, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que contempla penas de hasta veintidós años de privación de libertad, dependiendo de las circunstancias del caso.
Este tipo de delito ha sido objeto de seguimiento por parte de las autoridades debido a su impacto en la seguridad ciudadana y en actividades comerciales.
